Si hay una ley de la que se ha hablado mucho en los últimos meses, es ley de inteligencia. En comparación con la NSA de la prensa extranjera, ésta permitirá legalizar la vigilancia de los ciudadanos por el Estado. Una ley a la que se opone la mayoría de los franceses y que, según los expertos, podría llevar a sospechar erróneamente a no menos de 600.000 personas pero que, sin embargo, acaba de ser validada casi en su totalidad por el Consejo Constitucional.
Si bien una encuesta reciente realizada por el instituto CSA en nombre del Colegio de Abogados de París y publicada la semana pasada reveló una oposición muy fuerte a esta ley por parte de los franceses (el 82% está en contra), la mayoría de los artículos y medidas de la ley de inteligencia acaban de estado validado por el Consejo Constitucional. La vigilancia generalizada ahora se considera de conformidad con la Constitución.
Solo tres de las medidas de la ley de inteligencia han sido censuradas, en particular una que se supone permitiría a los servicios de inteligencia prescindir de la luz verde del Primer Ministro y de la Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Inteligencia (CNCTR) en caso de un incidente. “emergencia operativa”. Otra relacionada con las medidas de vigilancia internacional y una última relacionada con el financiamiento de la CNCTR.
Por su parte y aunque muy controvertidas, las famosas “cajas negras” que nos espían han sido validadas por el Ayuntamiento. “Cajas negras” que se pueden instalar en los ISP por los servicios de inteligencia con el fin de “detectar una amenaza terrorista sobre la base de un procesamiento automatizado”. En resumen, se tratará de monitorear todas las actividades y usos del usuario de Internet (destinatarios y contenido de los correos electrónicos, direcciones de los sitios visitados, etc.).
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